LA POLÍTICA EN LA ACTUALIDAD

En los últimos años el Estado fue asumiendo un mayor protagonismo en la resolución de la cuestión social. Así, de una intervención social de asistencia, focalizada, se pasó a una estrategia basada en el desarrollo de programas de trabajo autogestivo y economía social. Una lectura acerca de este proceso.Ante las políticas sociales implementadas en los últimos años en el país se instaló un nuevo interrogante: ¿estamos ante un proceso de transformación de las modalidades de intervención social neo liberal? Responder esta pregunta nos conduce, inevitablemente, a una revisión de las características que asumió la política social en la década de los ’90 y los primeros años del nuevo siglo. Consideramos que este punto de partida es central para dimensionar en qué aspectos las últimas medidas implementadas implican una reversión de las políticas de “ataque a la pobreza” y asientan las bases de una intervención social estatal tendiente a la seguridad social.

Como es bien sabido, la profundización en la aplicación de las políticas neoliberales durante la década de los ’90 aceleró la pauperización social, alcanzándose índices de desempleo, pobreza e indigencia inauditos para la sociedad argentina. La respuesta política ante las graves consecuencias sociales que traían aparejadas las políticas de ajuste estructural y la reforma del Estado fue la implementación de una política social asistencial transitoria, organizada bajo el formato de “programas”.

En consonancia con los lineamientos de las “agencias supranacionales de desarrollo” (BID, BM), que diseñaban y contribuían a financiar los programas sociales, fue consolidándose una nueva modalidad de intervención social cada vez más alejada de la regulación del mercado de trabajo y la provisión pública de servicios sociales. De esta forma, la política social neoliberal se generalizó como una intervención social de asistencia, focalizada en aquellos sectores sociales excluidos del mercado de trabajo y sumidos en condiciones de extrema pobreza. La “ayuda” transitoria a los individuos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, distribuida por organizaciones no gubernamentales, instituyó la contraprestación, laboral o de otra índole, como condicionalidad de la asistencia. Así, la nueva modalidad de intervención social asumió un sesgo por demás perverso al ceñirse la política social a la provisión de bienes y/o a la transferencia de ingresos mínimos que sólo garantizaban la reproducción biológica de aquellas personas que “demostraran” su condición de pobreza.